Acogerse a procesos de insolvencia para llegar a acuerdos de pago con acreedores o, en dado caso, liquidar la sociedad, ha sido el respaldo de 3.679 compañías en Colombia que con corte a junio pasado se encontraban en esa situación, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades.
Solo en el primer semestre de este año hubo 615 empresas que pidieron pista en esos procesos, un 36% más que las que lo hicieron en el mismo tramo de 2020, en buena parte por los efectos económicos derivados de la pandemia. Recientemente hubo dos más que pasaron a engrosar ese listado y que son de relevancia nacional: Conconcreto y Coninsa Ramón H, integrantes del consorcio constructor de Hidroituango.
Pero no son las únicas de renombre que han aterrizado allí. También pasó con la aerolínea EasyFly, la cadena de mercados Justo & Bueno, Almacenes La 14, Tostao y la constructora Pedro Gómez.
Adicionalmente hay casos como los de Avianca y Latam que hicieron lo propio pero en un tribunal de Estados Unidos, o el de Monómeros, que tras iniciar el proceso de reorganización ante la Supersociedades decidió desistir esta semana.
¿Qué ha pasado con esos trámites? En primera instancia hay que citar los que no lograron salir a flote. Por ejemplo, Almacenes La 14 acaparó los titulares en julio al solicitar la terminación de su proceso de reorganización (al que entró por cesación de pagos) para abrir uno de liquidación judicial.
En efecto, el 17 de septiembre la Supersociedades lo autorizó, teniendo en cuenta la “situación crítica, no reversible” de la compañía.
Misma suerte corrió Pedro Gómez y Cia, sobre la que se abrió un proceso de liquidación el pasado 22 de septiembre. Esto, luego de que la Superintendencia hallara que no contaba con información financiera desde 2018 y no ejecutaba su objeto social desde septiembre de 2020, hechos causales de liquidación judicial inmediata.
Siguen en carrera
Las dos firmas mencionadas anteriormente adelantaron su trámite al amparo de la Ley 1116 de 2006, que es la espina dorsal del régimen de insolvencia; pero también está el Decreto Ley 560 de 2020, conocido como Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (Near), expedido en el marco de la pandemia.
A este último se acogió EasyFly en agosto del año pasado, para posteriormente cerrar su acuerdo de reorganización en marzo de este año. El plan, según Alfonso Ávila, su presidente, contempla pagar toda la deuda (cercana a $269.000 millones) en un lapso de nueve años, empezando en 2022.
El Decreto 560 de 2020 también fue la tabla de salvación para Justo & Bueno, que a cierre de 2020 contaba con un patrimonio negativo de $463.280 millones. Hace seis meses puso en marcha la reestructuración de sus deudas y en semanas recientes aseguró haber conseguido un socio internacional que inyectará US$75 millones para ello.
Similar situación es la de Tostao, que obtuvo aval en febrero para reestructurar obligaciones por $148.000 millones; en medio de ello la empresa recibió un espaldarazo para su operación, tras un acuerdo con el que Postobón podrá vender el café fuera de las tiendas de Tostao.
Susana Hidvegi Arango, superintendente delegada de procedimientos de insolvencia, explicó que mecanismos como la Near buscan complementar el régimen que ya existía y ofrecer herramientas a los empresarios para atender con más eficacia cada circunstancia.
Recordó que adicional a la cesación de pagos y a la determinación de la autoridad competente, otra causal para solicitar estos procedimientos es la incapacidad de pago inminente. Una vez allí, uno de los alivios (en el caso de la Near) es que suspende los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías contra el deudor.
Como se mencionó, los últimos casos sonados en esta materia son los de Conconcreto y Coninsa. La primera aseguró que todas las acreencias están aseguradas y que la medida es preventiva tras un fallo de la Contraloría por $4,3 billones contra 26 personas naturales y jurídicas por los contratiempos en Hidroituango, mientras la segunda dijo que busca proteger 6.000 empleos y que las obras de la hidroeléctrica no se afectarán por la reorganización.
En esa línea vale reseñar que en los más de 3.000 procesos de este tipo detallados por la Supersociedades hay involucrados más de 200.300 puestos de trabajo y activos que superan los $67 billones.
