La Superintendencia de Sociedades, a través de la Ley 2277 de 2022 (artículo 96), prorrogó los actos legislativos 560 y 772 de 2020 que le permiten a las empresas del país que afronten dificultades financieras acudir a mecanismos que eviten su quiebra hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esta medida, que en primer momento fue transitoria, permite contar con un régimen de insolvencia flexible para la reorganización ágil y efectiva de las empresas viables o su pronta liquidación en caso de no ser viables, para que recirculen los activos en la economía, generando una mayor dinámica económica y de crecimiento.
Vale recordar que estas normas adoptan medidas especiales en procesos extrajudiciales de reorganización para dar una solución pronta y efectiva de la crisis de la empresa a través de una Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (Near) y Procedimiento de Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio (Pres); facilita procesos de insolvencia especiales para micro y pequeñas empresas, es decir, da la facilidad de una reorganización abreviada y liquidación simplificada; medidas de descongestión judicial y mecanismos para facilitar la financiación, la aprobación de los acuerdos de reorganización y la protección de la empresa.
“Los mecanismos que se crearon en su momento han tenido un gran impacto en los procesos de insolvencia tramitados ante la entidad, con el objeto de salvar empresas. Ahora bien, el reto de cara al año 2023 es lograr que estos mecanismos se mantengan de manera permanente y se actualice el régimen de insolvencia ante el Congreso de la República”, señaló el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
Desde el 1 de abril de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2022, las solicitudes de admisión que ha recibido la Supersociedades llegan a 3.363 solicitudes, de las cuales el 61,87 % (2.081) corresponde a procesos creados con el Decreto Legislativo 772 de 2020 para pequeñas insolvencias, el 22,42% (754) corresponde a los procesos de reorganización y liquidación ordinarios previstos en la Ley 1116 de 2006 y el 15,70 % (528) restante a procesos Near, trámite creado por el Decreto Legislativo 560 de 2020.
